La Ley actualiza y orienta hacia esta tipología de agricultura, las principales políticas públicas en el ámbito de las estructuras productivas agrarias, tales como los regadíos, las concentraciones parcelarias y la gestión del propio patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, regulados en estos momentos por marcos legales con una antigüedad de entre 30 y 50 años, diseñados en su momento para un sector agrario que nada tiene que ver ya con el actual.
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