La AICA contará con 8,3 millones de euros, un 32 % más, para reforzar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.
La agencia realizó 320 inspecciones de oficio a lo largo de 2020, lo que supuso controlar 734 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria y la imposición, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), de 580 sanciones por 879.000 euros
Del total de inspecciones, 168 se realizaron en el sector lácteo, 100 en el vitivinícola, 24 en el ámbito de las frutas y hortalizas y 16 en el del aceite de oliva.
Por su parte, de las 580 sanciones, 342 tuvieron como causa el incumplimiento de los plazos de pago; 129 se impusieron por no incluir en los contratos toda la información preceptiva; y 89 por no existir contrato. En los tres casos el comercio mayorista (en origen y destino) resultó el más sancionado, por delante de la industria y a mucha distancia del comercio minorista y de los productores.
En 2020, por otro lado, se presentaron 65 denuncias, el 44 % de ellas procedentes de organizaciones sectoriales y el 40 % de productores.