España ha empezado a aplicar en 2024 la «condicionalidad» o condición social de la Política Agraria Común (PAC), por la que los productores que incumplan las normas laborales en sus explotaciones serán penalizados con un recorte de las ayudas.

La condicionalidad social, una gran novedad de la reforma de la PAC, incluye los derechos laborales entre los requisitos para el cobro de subvenciones, al igual que los ambientales, los agronómicos o el bienestar animal requeridos hasta ahora.

Se aplica desde el 1 de enero pero las primeras penalizaciones en la PAC por este cambio serán realidad en 2025.

 

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