El proyecto de real decreto modifica, en concreto, el alcance de cuatro de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales de la tierra (BCAM) y flexibiliza la aplicación de controles y penalizaciones en materia de condicionalidad. Buena parte de estas medidas podrán ser de aplicación ya en este mismo año, con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

 

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